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To Bangkok Conference programme

65th IFLA Council and General
Conference

Bangkok, Thailand,
August 20 - August 28, 1999


Code Number: 056-137-S
Division Number: VIII
Professional Group: Latin America and the Caribbean
Joint Meeting with: -
Meeting Number: 137
Simultaneous Interpretation:   No

El derecho a la información y las políticas de Información en América Latina

Estela Morales
National University Automomous of Mexico
Mexico City, Mexico


Abstract

Las políticas de información establecidas deben estar en estrecha relación con las políticas generales de un país, así como en las políticas públicas sobre educación y cultura y con las realidades históricas y sociales. Además de las políticas en información, las tecnologías y las redes informáticas presentan nuevos ingredientes que convergen en un nuevo panorama de uso de la información, por lo cual se aborda la implementación de las políticas informáticas en el mundo y su repercusión en el ámbito mundial.

Se rinde una descripción de la experiencia mexicana en cuanto a la aplicación de políticas de información, y se analiza también la experiencia de otros países de América Latina: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Venezuela.

Se destaca la importancia de la información en los procesos del desarrollo social sostenido, por lo que se propone reforzar los diferentes proyectos encaminados a la conformación de políticas nacionales de información en Latinoamérica.


Paper

Para que la cultura y sus diferentes manifestaciones fluyan, es preciso emplear todos los medios posibles para brindar las oportunidades de comunicación a todos y entre todos, con el fin de reducir las distancias entre quienes tienen acceso a la información y quienes no cuentan con ella. Para tener tal acceso hay que estudiar más y fortalecer la relación de la cultura con el desarrollo y la organización política.

Sociedad e información

La información, como representación del pensamiento y del conocimiento, nos lleva a considerar que la sociedad recibe y está expuesta a aquella proveniente tanto del lenguaje corriente de los medios masivos como de la generada por el lenguaje literario, científico y técnico de la literatura especializada. En ambos casos la sociedad produce la información y se genera un interés consciente e inconsciente de transmitirla, ya sea de manera individual o colectiva: puede ser información estratégica disponible sólo para un selecto grupo o de uso abierto a todos; puede ser solicitada, necesitada y utilizada por individuos o por grupos de poder como el Estado, los consorcios comerciales y los grupos políticos.

La participación de la sociedad es definitiva en el proceso de generación y aprovechamiento de la información; ella es la que asigna a ésta valor y función.

Todavía se tiene la idea de que la información se genera con tal facilidad que, por lo tanto, es parte del patrimonio natural de los pueblos como son los bosques, los ríos, el mar, etcétera; y, como diferentes grupos ecologistas reportan que este patrimonio natural está en riesgo, se adoptan medidas para evitar su pérdida y entonces se advierte lo que cuesta rescatarlo y mantenerlo. Igual pasa con la información, oral o impresa: siempre creemos que, por ser un ingrediente obligado en todas nuestras acciones, no cuesta ningún esfuerzo producirla, obtenerla, organizarla y difundirla; todo lo contrario: si en América Latina no actuamos y no ponemos ningún empeño en conseguir y ofrecer a nuestros pueblos la información que requiere el desarrollo, no habrá un uso real de ella y tal desarrollo será también cuestionado.

No es suficiente adquirir y organizar la información. También necesitamos que se encuentre disponible en el momento en que se demande; desde el punto de vista tecnológico se cuenta con todas las facilidades para que la información esté al alcance de la mano de cualquier usuario; sin embargo, obtenerla no es tan simple porque no podemos ignorar las restricciones políticas y económicas, las deficiencias normativas y las limitaciones impuestas por grupos de poder como la censura, la manipulación y los filtros e influencias que en cada etapa del proceso influyen en la información, que también puede enriquecerse o desvirtuarse debido a la interpretación de quien la selecciona, analiza o resume, quien le da descriptores y la busca en un catálogo o base de datos, ya por la naturaleza técnica de su trabajo, ya porque así conviene a sistemas políticos, grupos económicos o simples factores de mercadotecnia.

El Derecho a la Información

La información responde a la necesidad del ser humano de expresarse y de querer saber lo que los demás han expresado; responde a un requerimiento que en determinado momento se vuelve un derecho fundamental del hombre, pues como hombres en libertad debemos tener el derecho de expresarnos, de informar y de informarnos, y tal prerrogativa natural deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad. Este derecho también se tiene que considerar de forma integral. No nada más hay que pensar en la creación de información, la manifestación de las ideas y del conocimiento, sino también en su circulación, su disponibilidad, su uso y su lectura.

En mayo de 1996, la UNESCO publicó un documento de orientación que ha titulado La Unesco y la Sociedad de Información para Todos, producto de los acuerdos de una reunión celebrada en noviembre de 1995, donde se manifiesta un proyecto educativo, científico y cultural vinculado con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. A partir de uno de los mandatos de la propia Asamblea General que compromete a la ONU a promover la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen, también hace suya la obligación de impulsar la cooperación internacional en el terreno de la comunicación, la información y la informática, con objeto de reducir la desigualdad imperante entre los países desarrollados y los que se hallan en vías de desarrollo; asimismo, en las estrategias a mediano plazo proyectadas para los años 1996-2001, se nota un especial acento en el empleo de tecnologías de la comunicación y de la información al servicio del desarrollo, de la democracia y de la paz.

Es con esta condición como la sociedad de la información podrá alcanzar su objetivo último: la autonomía de todos y cada uno de los ciudadanos mediante el acceso al saber, así como la aptitud de utilizarlo.

La "sociedad de la información para todos" es a la vez global y local, formada por individuos y grupos sociales que toman parte del todo informativo y que aportan su información local, su punto de vista y su idiosincrasia a ese todo informativo que nos rodea.

Las Políticas de información

Para convertir en una realidad el derecho a la información, debe haber una estrecha relación entre la sociedad y el Estado, tienen que interactuar una y otro, para que -de cara al futuro, ya muy próximo- se tomen en cuenta los nuevos comportamientos, actitudes y valores de la sociedad globalizada y se advierta el valor estratégico del conocimiento, la información y la lectura en el desarrollo y la democratización de las sociedades latinoamericanas.

Las políticas que establezcamos en información se hallarán en estrecho vínculo con las políticas generales de un país, con las políticas públicas sobre educación y cultura, y con las realidades históricas y sociales de la propia nación y de la región latinoamericana.

Los ejemplos de políticas de información con que contamos en América Latina no necesariamente son de tipo exhaustivo, ya que es posible ver esfuerzos parciales interrelacionados con las actividades y los productos que permiten a los habitantes de un país usar información y leer. Así, tenemos leyes, acuerdos o iniciativas de Estado correspondientes a la política que determinado país va estableciendo en el ámbito público y cultural, o en el de la información y la lectura; podemos encontrar regulaciones que permiten inferir políticas sobre las bibliotecas, el libro, el derecho de autor y los recursos y sistemas informáticos.

Políticas informáticas

Hoy en día, las tecnologías y las redes informáticas poseen nuevos ingredientes que convergen en la información y su uso; las redes, los equipos, los programas y los sistemas informáticos existen porque transmiten información, y el mundo actual vive alrededor de ésta y de las posibilidades que implica el acercamiento y la adquisición del conocimiento. Aunque son parte fundamental de las políticas de información, normalmente los países y organismos internacionales separan los aspectos tecnológicos y los tratan como políticas informáticas.

A continuación daremos algunos ejemplos de los esfuerzos que han desarrollado algunos países latinoamericanos con normas que perfilan las políticas de información:

México

A través de su historia contemporánea, nos brinda diferentes ejemplos de su afán de suscitar esfuerzos para consolidar una política cultural que ha incluido el libro y las bibliotecas, y a estos dos factores como medio para hacer llegar la cultura universal al pueblo.

Sin embargo, estas políticas casi siempre han estado sujetas a figuras protagónicas de la vida política y cultural del país, y pocas veces se traducen en acciones que sobreviven al personaje, su ámbito de poder y sus posibilidades de decisión; algunas veces ello ocurre por falta de un marco jurídico y otras por la escasa continuidad en las acciones, la planeación integral del proceso educativo y la poca relación de los proyectos culturales con los planes de desarrollo del sector gubernamental.

a) El derecho a la información

Este derecho se concibió en la legislación mexicana como una consecuencia de la libertad de expresión, considerada una de las libertades básicas del ser humano y esencia de la ideología liberal del siglo XIX.

El artículo 6ºConstitucional actual señala que: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado."1

De hecho, se trata de un artículo en dos tiempos: el primero corresponde a una necesidad natural del ser humano, que es la de expresarse; el segundo, el derecho a la información, preserva una prerrogativa que la sociedad exige al Estado, al comprometer a éste a garantizar su ejercicio.

b) La Ley General de Bibliotecas

Si por un lado se trabaja para asegurar el derecho a la información, de manera simultánea se deberían crear los mecanismos que garanticen su cumplimiento y que el ciudadano pueda ejercerlo, independientemente de los costos económicos,, sociales y políticos ocasionados por ellos.

El 21 de enero de 1988 se aprobó la Ley General de Bibliotecas, de observancia en toda la República y apoyada en los logros del ya mencionado programa. La Ley declaró la atención gratuita a toda persona que deseara consultar acervos que contuvieran información; describió a la biblioteca pública como la institución que ofrece en forma democrática los servicios de consulta de libros y otros servicios culturales complementarios que permiten a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber y en cualquier medio que contenga información; además, relacionó la política bibliotecaria con el Plan Nacional de Desarrollo.2

c) La Ley Federal de Derecho de Autor

La actual Ley Federal del Derecho de Autor, de México fue publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 19996, recogiendo más las preocupaciones de los editores que de los usuarios de las bibliotecas

La preocupación por proteger el derecho de un autor sobre su obra, fruto de su esfuerzo intelectual, fue una de las que más se ha materializado como política del mundo intelectual y artístico, y como ley y ordenamiento que propicia la protección de ese derecho. Sin embargo, así como la opinión pública se une a la defensa de este derecho, también es cierto que el mismo ciudadano común infringe la ley con mucha facilidad, unas veces por ignorancia y otras con intenciones dolosas; tal situación nos está conduciendo en la actualidad a extremos peligrosos que pueden atentar contra el derecho a la información y dificultar notablemente el acceso a la información plural y a las posibilidades de poseer y crear conocimiento.

La defensa de los derechos de autor interesa a los creadores de todo el mundo y se acepta positivamente en los aspectos formales y de reconocimiento de autorías y citas bibliográficas, pero también la pretensión de imponer un uso restrictivo de la información ha sido motivo de estudio de asociaciones internacionales de primer orden relacionadas con la información, tales como la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) y la Federación Internacional de Documentación (FID), las cuales ya han expresado su postura al respecto e invitado a los autores y editores a aceptar el papel social que corresponde desempeñar a instituciones como las bibliotecas ¾que ofrecen información de manera gratuita a diferentes grupos sociales¾ y, por otra parte, pugnan por que bibliotecas y centros de información hagan un uso razonado y cuidadoso de los medios de reproducción de obras originales y de las que se obtienen en los medios electrónicos.

d) La Ley del Libro

Las políticas públicas sobre cultura de muchos países latinoamericanos, y en especial de México, reconocen los avances tecnológicos y el poder de los medios electrónicos, pero tienen como uno de sus ejes principales el libro. Por ello, han intentado establecer legislaciones que protejan esa herramienta y promuevan su producción, su comercialización, su uso y su lectura.

En realidad, los intentos de legislación al respecto se originan en la preocupación de los editores por vender más libros, ya que lamentablemente este sector mide los índices de lectura del país en función de los ejemplares que vende.

En México, los esfuerzos más recientes por formular una ley del libro los encontramos en 1996, en las iniciativas de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que trabajó un anteproyecto de Ley Mexicana del Libro y Fomento a la Lectura, (sin embargo no se ha aprobado):

e) El programa de desarrollo informático

En el ámbito nacional, este programa se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y considera la informática como un factor estratégico en el desarrollo nacional por su valor como agente que incide prácticamente en todos los ámbitos y actividades; por su parte, la información es considerada como hecho inherente a la existencia de las personas y de las sociedades, en busca del conocimiento.

Este programa tiene como objetivos centrales estimular el uso y desarrollo de la industria informática, alentar la creación de una cultura informática y acrecentar la infraestructura de redes y equipos, pero no lo vincula todo ello con los orígenes del desarrollo, la educación y el uso imprescindible de información, como requisito para la adquisición del conocimiento.

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA

América Latina está ante nuevas formas de diseminación de la información y del conocimiento y, por lo tanto, tiene nuevas posibilidades de edificar una sociedad de la información con una personalidad latinoamericana, en donde el Estado actúe como un promotor y propagador de recursos informativos e informáticos.

Las políticas de información en la zona han sido influidas por las guías de organismos internacionales como la UNESCO, la OEA, la IFLA, que han realizado un trabajo constante de sensibilización entre profesionales y funcionarios gubernamentales, y por las de los países altamente desarrollados en el campo -como líderes técnicos y académicos, y como grandes productores de equipos y programas (hardware y software)-.

Varios países de América Latina han intentado crear sus propias políticas de información. A veces las podemos ver organizadas de forma integral y otras como esfuerzos individuales sobre temáticas que en cierto momento se han considerado relevantes. Lo importante es que los esfuerzos ya existen y son el principio de un trabajo coordinado de cobertura nacional, que permitirá a los países y a la región vivir y convivir en el actual mundo globalizado.

Argentina

En 1995, profesionales destacados desde la década de los cuarenta como Carlos Víctor Penna y Josefa Sabor, sintieron la necesidad de impulsar un nuevo intento para que la República argentina contara con un Sistema de Información de cobertura nacional que aplicara las políticas del ramo, previamente definidas y útiles para el desarrollo del país, y se unieron a los jóvenes de hoy para trabajar en tres mesas redondas que concluyeron en un anteproyecto de ley sobre "La creación del Sistema Federal de Servicios de Bibliotecas e Información".

El 1º de abril de 1995 se celebró la primera mesa redonda en que los especialistas en información analizaron el documento titulado "Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información", que pretendía "[...] asegurar a todos los argentinos, independientemente de su grado de escolaridad, de su ubicación geográfica en el territorio nacional y de su profesión o actividad, el libre acceso a los recursos bibliográficos y documentales sea cual fuere el soporte que los contenga, sin limitaciones de cualquier naturaleza [...]"

La versión final cuenta con un capítulo primero dedicado a la política nacional sobre servicios de bibliotecas e información, cuyo primer artículo señala:

La participación de la ciudadanía en el desarrollo de una República en plena democracia; la modernización de las instituciones del Estado y de las organizaciones privadas; el ejercicio por parte de todos los argentinos del derecho a la información y al conocimiento; la inserción del país en los circuitos científicos, culturales, financieros y comerciales; su incorporación a los proyectos regionales de integración, tales como el MERCOSUR y los planes en ejecución orientados a mejorar los niveles de vida del pueblo argentino requieren, cada día más, de una población eficazmente informada para que la Nación alcance sus altos objetivos y participe con éxito en el concierto de las naciones.

En el mismo mes de abril, se entregó a los diputados de la Comisión de Cultura la versión final del Anteproyecto de Ley sobre Creación del Sistema Federal de Servicios de Bibliotecas e Información. También por esas fechas ya estaba en el Congreso la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, que además de pretender impulsar la producción de libros también consideraba fundamental difundir la lectura. Hasta el momento, ninguna de esas dos leyes ha salido del Congreso. Los esfuerzos que estamos reseñando son de carácter nacional, ya que en el nivel provincial hay dos ejemplos de políticas de información y de sistemas locales que ya están funcionando.3

Colombia

Este país tiene una gran tradición en el trabajo cooperativo relacionado con la información, la lectura y las bibliotecas. Gracias a ello y a una creciente industria editorial, en la actualidad ya ha creado eficaces políticas nacionales de información; incluso, en la década de los setenta, había sentado las bases del Sistema Nacional de Información. Como apoyo fundamental a éste, la reforma administrativa fundó establecimientos, tales como el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales (Colciencias) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; todos ellos conformaron la base institucional de cobertura nacional que impulsó diferentes políticas relacionadas con la información.

En 1973, mediante ley, se depositó el proyecto del Sistema Nacional de Información en Colciencias y, en 1974, la UNESCO designó a Colombia como punto focal del UNISIST (Sistema de Información en Ciencia y Tecnología). Se empezó entonces a delinear el objetivo de dicho Sistema: "poner a disposición de la comunidad nacional los recursos de la información existentes en el país, para lo cual debería coordinar las acciones y recursos necesarios y estructurar una red nacional de bibliotecas y centros de información [...]"

En 1988, Colciencias determinó los lineamientos básicos de la política nacional de información y señaló como propósito garantizar la producción, el intercambio, la circulación y el uso de la información y el conocimiento, para asegurar su integración a los procesos de desarrollo nacional en todos los aspectos.4

El Plan Nacional de Cultura del periodo 1992-1994 ya señala como acción prioritaria la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Información en el área y ya pretende articular cultura y educación como ejes principales del desarrollo del país.

Costa Rica

Es el país de América Central que ha trabajado de manera más sistemática en el campo de la información, ha avanzado con pasos seguros hacia la aplicación de políticas de información en apoyo a las acciones públicas vinculadas con la educación y el desarrollo. Desde 1974, se fundó por decreto-ley el Sistema Nacional de Información; sin embargo, éste se ha consolidado sólo a través de esfuerzos sectoriales en los que destacan los del área de ciencia y tecnología. En la década de los ochenta, el Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinó los trabajos nacionales para elaborar un programa que impulsara el desarrollo científico y tecnológico del país. Con tal fin, era preciso establecer cuatro políticas fundamentales relativas a la instauración de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: los recursos requeridos para ello, la reconversión industrial, el valor agregado y la popularización de la ciencia y la tecnología. Lo destacable de este sistema es este objetivo específico: "Desarrollar y mantener un sistema de información, estadística y documentación en ciencia y tecnología, que preste servicios a los diferentes sectores del país".

Todas las acciones y los trabajos que fue preciso realizar para dar forma a una política nacional en informática se recogieron en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del periodo 1986-1990, y en el correspondiente al cuatrienio 1990-1994, donde se insiste en fortalecer los servicios estatales y privados de información.

En 1992 se decretó la creación de la Red Nacional de Investigación y Desarrollo de Costa Rica, cuyo objetivo principal consistía en promover los enlaces de alta velocidad utilizando comunicación de tecnología avanzada entre científicos de universidades, institutos y laboratorios de investigación, industrias de componentes tecnológicos y corporaciones costarricenses y de otros países de América Central con colegas y homólogos de todo el mundo.

Costa Rica también se ha preocupado por la propiedad intelectual y cuenta con una tradición importante en materia de legislación sobre "Registro de derechos de autor y conexos", por lo cual se ha sumado a la Convención Universal sobre Derechos de Autor; asimismo en su política nacional se ha manifestado para incluir la telemática educativa en las escuelas de enseñanza elemental para introducir a los niños en el uso de la información y sus tecnologías. También ha tomado medidas en el campo de las bibliotecas públicas y universitarias para facilitar el acceso a la información, promover su uso y ejercitar la lectura.5

Chile

Con una tradición similar a otros países latinoamericanos, Chile también se ha preocupado por proteger el derecho de autor y participar en las Convenciones de Berna y París sobre el tema. Mediante el Decreto 74, publicado el 21 de julio de 1955,6 se ordenó cumplir los acuerdos de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en obras literarias, científicas y artísticas, acuerdos que firmaron las Repúblicas americanas con el deseo de perfeccionar la protección recíproca del derecho de autor. Tal acción se completó con el Decreto publicado el 26 de julio de 1955, donde se consideró como propia la Convención Universal sobre Derechos de Autor,

Posteriormente, estos acuerdos se enriquecieron en cuanto a su contenido y cobertura con la Ley no. 17.336 sobre propiedad intelectual, publicada el 2 de octubre de 1970, en donde se amparan los derechos de todos los autores, chilenos y extranjeros domiciliados en territorio nacional.

Chile se preocupa por una política del libro y sus similares registros de información que, sumando esfuerzos y acciones, le permitan una política más amplia que beneficie a la industria editorial, la disponibilidad del material de lectura y los propios lectores. La Ley de Fomento del Libro y la Lectura se dio a conocer el 1° de julio de 1993 en ceremonia encabezada por el presidente de la República, es decir, con apoyos al máximo nivel. Es pertinente destacar que dicha disposición, además de proteger el libro desde el punto de vista editorial, la piratería y la reprografía ilícita, le da un tratamiento amplio a la lectura, la importancia del libro y la creación literaria.

Las normas legales que protegen los programas de computación datan de 1970 y 1971 (sus respectivas modificaciones, realizadas en 1972, 1985, 1990 y 1991, apuntan a ese mismo objetivo). Al igual que los impresos, el autor de los programas tiene derechos morales y patrimoniales en la ley de propiedad intelectual, además de precisar la adaptación y copia de un programa de manera lícita e ilícita7

También a partir de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICyT) se promueve y apoya el uso de redes de comunicación y de información como Internet, que pone al alcance de los chilenos la conexión, el acceso a bases remotas y toda la información que corre por la red.8

Perú

Perú no ha sido la excepción y entre los intentos de diseñar una política oficial en el área de la información podemos mencionar los realizados en 1981. en que, la Asociación Peruana de Bibliotecarios y la UNESCO, a través de su Programa General de Información (PGI), organizaron un Congreso Nacional de Bibliotecología e Información cuyo tema medular fue la carencia de políticas nacionales de información, la necesidad de un sistema nacional de información para el desarrollo, y, por tanto, la definición de políticas públicas en ese campo. En el congreso referido se presentó un anteproyecto de ley de organización y funciones del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo. Este proyecto privilegiaba la acción de las bibliotecas y consideraba que, en un país en desarrollo, la información se maneja y se transfiere prioritariamente mediante ellas y, así, coadyuvan a los fines de la educación, factor medular para la realización de los planes de desarrollo económico y social.

Después de este proyecto y otros intentos realizados en octubre de 1983, se logró parcialmente un principio nacional de políticas de información mediante el decreto D.S. No. 33-83-DE que, una vez establecido, normó el Sistema Nacional de Bibliotecas, donde la Biblioteca Nacional era el órgano central al que se asignaban cuatro líneas de trabajo con otras tantas Direcciones: de Bibliotecas Escolares, de Bibliotecas Públicas, de Bibliografía Nacional y de Derechos de Autor. Todo ello dependía del Ministerio de Educación. A la Biblioteca Nacional le correspondía formular y ejecutar una política de promoción del libro y la lectura, y a los órganos de línea se les delegaba la responsabilidad de normar, orientar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones propias de su campo, brindando la orientación y asistencia técnica a las instituciones comprendidas en su área y participando en la formulación de la política bibliotecaria.9

Venezuela

Gracias al trabajo realizado por instituciones y profesionales relacionado con el libro, las bibliotecas y la lectura, hacia 1976 se contó con lo necesario para que el 9 de septiembre de ese año se creara, por decreto, la Comisión Nacional para la Organización del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica, que dependió directamente de la Presidencia de la República.10 Tal iniciativa consideró la información humanística, científica y tecnológica como un recurso indispensable para el desarrollo nacional integral y, por consiguiente, juzgó fundamental el uso rápido y eficaz de la información por la sociedad11.

Afortunadamente, la medida no sólo no se quedó en papel, sino que impulsó muchas acciones en beneficio de los usuarios de información (niños, estudiantes, investigadores, universitarios y población en general), con base en el liderazgo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, el Banco del Libro y los diferentes sistemas y redes de información, así como en la interacción con los proveedores de tecnología y otros insumos básicos que hoy en día hacen posible el uso adecuado de la información. En 1987, el gobierno de Venezuela, con el apoyo de la UNESCO, realizó en Caracas el Seminario sobre Política Nacional de Información, en el cual se discutieron las "Proposiciones para una política nacional de información y estrategia para su Implementación", trabajo donde se trató de definir políticas que vincularan la información con el desarrollo nacional, el acceso a la información, el estímulo a la producción nacional de información, la promoción del uso efectivo de la información, la tecnología de la información y el desarrollo de recursos humanos.

Un esfuerzo regional

Después de esta breve mirada de algunas acciones en América Latina, no tendríamos duda de que, al menos en el terreno conceptual y en los diferentes proyectos emprendidos por los países, se manifiesta la relevancia de la información en los procesos del desarrollo; sin embargo, los hechos y los resultados de tipo general en cada uno de los ejemplos no nos permiten aseverar que la información realmente se ha usado en la toma de decisiones y en la planeación de los programas gubernamentales en todos los sectores (social, económico, político); ello se nota con mayor gravedad en el sector educativo, en donde se torna imperdonable proponer modalidades que implican una gran infraestructura física y tecnológica, pero no el componente informativo, que nos llevaría al conocimiento.

Los logros de América Latina en cuanto al desarrollo de sus infraestructuras nacionales y regionales de información se multiplican y cada vez reciben más apoyo tanto presupuestal como político; asimismo, cada vez más, la información se menciona y considera como insumo fundamental en los programas y proyectos gubernamentales de los diferentes sectores de la vida nacional con mayor frecuencia cada día.

Aún la comunicación no es fluida de país a país dentro de la región y resulta necesario solicitar datos a una nación desarrollada, ajena al área, a la que previamente un Estado Latinoamericano cedió o vendió su información, con la cual aquélla elaboró un producto informativo con valor agregado que revende más caro al solicitante. Frente a esta situación, no resuelta todavía, desde la década de los ochenta se ha trabajado en un Programa Regional para el Fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y Sistemas de Información para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, conocido como INFOLAC, que, desde un principio, se ha empeñado en buscar la información para el desarrollo. Este programa pretendió, a partir de las actividades propias de los sistemas nacionales, redes nacionales y redes regionales, encontrar formas de abordar en conjunto problemas de interés común que, por su complejidad y envergadura, difícilmente podrían ser resueltos de una manera individual o particular.

El motor de dicho programa es, por supuesto, la información, considerada como un recurso de carácter económico que exige cubrir costos para poder transformarse en un insumo útil y preciso en los procesos intelectuales relacionadas con la toma de decisiones; En la región se han hecho muchos esfuerzos solitarios, pero no todos los que realmente se necesitan; muchas veces fuera de las políticas nacinales de información, ya sea por ausencia de ellas o por no estar contempladas se trata de una tarea que es preciso acometer si queremos que los costos sean menores y los resultados finales más útiles para tomar decisiones relativas al desarrollo nacional y regional y realmente sean de utilidad para la población en general.

El objetivo general del programa ha sido y es -porque como programa sigue vivo, aunque a últimas fechas no muy activo-: fortalecer la autonomía y capacidad individual y conjunta de las instituciones nacionales de América Latina y el Caribe, para crear y operar mecanismos de organización y acceso al recurso de la información e intensificar su uso al formular, ejecutar, evaluar y administrar sus respectivos planes, programas, políticas y acciones de desarrollo.

Los años han pasado y el cúmulo de logros no ha sido homogéneo en todos los países de América Latina, algunos, como México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Brasil han conseguido mejores frutos, pero, en cualquier caso, los avances no son los requeridos para el desarrollo que debe alcanzar la región si nuestra meta es la de lograr algo equivalente a los países desarrollados y, por otro lado, si se considera indispensable la interacción de gobiernos, individuos y grupos en un mundo globalizado e interconectado por las telecomunicaciones y por un flujo interactivo de información.

Endnotes:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (comentada), p. 17-21. Foro de Consulta sobre Derecho e Informática: Convocatoria del 18 de sep.-4 de octubre. México, Cámara de Diputados, LVI Legislatura-INEGI. "Iniciativa de Reformas y Adiciones (Se reforman y adicionan el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)", en Diario de los Debates, México, octubre de 1977. CD-Rom. "El derecho a la información y el servicio bibliotecario mexicano; comparecencia del Colegio Nacional de Bibliotecarios en la audiencia pública del H. Congreso de la Unión", Ciencia Bibliotecaria, 4(1), 1980 p. 12-14.

2. Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 1994. UNESCO, IFLA, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1995. Folleto D.L.S. 582-1995. "Ley General de Bibliotecas", Diario Oficial, México, D.F., jueves 21 de enero, 1988. p. 14-16.

3. La Pampa, Argentina. Leyes, "Ley no. 1449: sistema provincial de bibliotecas de la Pampa" Referencias, 1 (1 ), sept. 1994, p. 34. Carlos Víctor Penna, Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información [documento de trabajo redactado por Carlos Víctor Penna en consulta con Omar L. Benítez, Josefa E. Sabor, Italo J. Mettini, Stella Marís Fernández y Ramón Moruja]. Buenos Aires: ABGRA, 1995. Carlos Víctor Penna, Estrategia para la creación del Sistema Federal de Bibliotecas e Información; una experiencia argentina, p. 3-32. Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, "Ley de Fomento del Libro y la Lectura. Argentina", Refrencias,1(2), marzo 1995, p. 4.

4. COLCIENCIAS, Sistema Nacional de Ciencias y Tecnología: instrumentos jurídicos. COLCULTURA, Colombia: el camino de la paz: el desarrollo y la cultura hacia el siglo XXI; Plan Nacional de Cultura 1992-1994. Irma Isaza Restrepo y Olga Cecilia Velázquez Arango, "Política de Información en Colombia", en Re-encuentro 95. Edgar Reveiz, Eduardo Aldana y Vladimir Slamecka, La información para el desarrollo colombiano: sistema nacional de información. Seminario sobre Políticas de Información en Colombia: Relatoría. 15 h.

5. Costa Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dimensión científica y tecnológica del desarrollo; memoria final 1986-1990; Costa Rica. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1990-1994, p. 9-28; Costa Rica, Poder Ejecutivo, "Decreto No. 21094-MAG-MIDEPLAN-MEIC-MICIT. Creación de la Comisión Nacional de Información Estadística Agropecuaria CONIEA", Gaceta, 7 de febrero, 1992. Poder Ejecutivo y Ministerio de Ciencia y Tecnología, "Decreto No. 22282-MICIT, Creación del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica", Gaceta (134), jueves 15 de julio de 1993, p. 16; Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Industrial y Comercio, y de Planificación Nacional y Política Económica, "Decreto No., 23051 MEIC-MIDEPLAN; Creación del Centro de Información Industrial CIIN", Gaceta (62), martes 29 de marzo de 1994. p. 6; "Ley de Regulación de la Comercialización de Programas Informáticos", Gaceta (242), lunes 20 de diciembre de 1993. p. 8; "Reforma de varios artículos de la ley de derechos de autor y derechos conexos", Gaceta (89), martes 10 de mayo de 1994. p. 2; Ministerio de Justicia y Gracia (Costa Rica), Registro de derechos de autor y conexos [folletos varios]. OEA, Protección del derecho de autor en América, p. 32-37, [supl. p. 8]. Saray Córdoba, La información para el desarrollo en el proyecto político del Estado Costarricense [documento fotocopiado]. Zaida Sequeira et al., "Costa Rica", en Bibliotecología Latinaomericana: un panorama general, p. 51-55.

6. Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores. Decreto 74, "Convención Interamericana sobre Derechos de Autor", Diario Oficial, Santiago, núm. 23-202, 21 de julio de 1995.

7. "Programa de Computación", Folleto Informativo del Registro de la Propiedad Intelectual. Chile, Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos.

8. CONICyT, "La red universitaria nacional e Internet", REUNA; su puerta de acceso a Internet en todo Chile, Santiago [s.a.], 7 p.

9. Asociación Peruana de Bibliotecas y UNESCO-PGI, "Sistema Nacional de Información para el Desarrollo", en 2º Congreso Nacional de Bibliotecología e Información [informe final. R.M. 0691-81-ED]. Del 8-14 de noviembre de 1981. Lima, p. 20,79-80. Ma. Cristina Ego-Aguirre, "Perú", en Morales Campos Estela [comp.] Bibliotecología Latinoamericana: un panorama general, p. 119-143.

10. "Resolución por la cual se dispone que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de para el Establecimiento de un Sistema Nacional de Información", Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Caracas, jueves 20 de febrero de l975, año 102, mes 5, no. 30, p. 1,15-16.

11. "Decreto No. 1,759 por el cual se crea, adscrita a la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de Servicios de Bibliotecas e Información Humanística, Científica y Tecnológica", Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Caracas, jueves 9 de septiembre de 1976, año 103, mex 11, No. 31,064, p. 1, 233,868-233,873.

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